Para las poblaciones, este instrumento no les asegura que inversiones no afecten el medio ambiente. ¿Qué hacer ante ello?
Cuando a fines de la década de los 90 se sentaron las bases para lo que sería el desarrollo del sector minero, también se establecieron nuevas exigencias ambientales para esta actividad.
Así, se consideró que cualquier nuevo proyecto minero debería presentar un estudio de impacto ambiental (EIA) que definiera en qué medida la operación iba a alterar el espacio físico donde operaría y los alrededores más inmediatos; además de cuáles serían las acciones de la empresa para controlar estos impactos.
A medida que avanzaron los años, este criterio se ha ido afinando y haciendo más exigente, a tal punto que hoy hasta la exploración minera debe presentar un estudio de impacto ambiental semidetallado (EIASD) para conseguir una autorización.
Asimismo,
los EIA deben ser presentados a las poblaciones cercanas a través de la realización de talleres de información. Este mecanismo no existía antes de la década anterior.
CUESTIONAMIENTOS
Sin embargo, hoy los EIA están siendo cuestionados. La polémica tiene muchas aristas, la primera es el hecho de que sea el Ministerio de Energía y Minas(MEM) el que los apruebe cuando a la vez desarrolla una labor promotora del sector.
Isabel Calle, directora del Programa de Políticas y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) indica que en este caso, el MEM se ha constituido en una especie de juez y parte, aspecto que está siendo cuestionado por la población. “Por eso es que desconfían de los resultados de los EIA”, explica.
En general, los EIA de los sectores productivos (pesca, industria, energía) han sido delegados a los ministerios que los controlan. Calle señala que la entidad que los evalúe debería ser el Ministerio del Ambiente sin embargo, esto no sucede pese a que el tema cae en su cancha.
El ex presidente de Antamina y empresario minero, Augusto Baertl, concuerda que debería ser así; sin embargo, indica que independientemente de quién los evalúe se debe buscar que sean buenos profesionales los que tengan a cargo esta responsabilidad.
“Todo sistema es perfectible, se puede mejorar, pero me parece que no se están tomando en cuenta todos los avances que se han logrado hasta el momento en los EIA”, señala.
FALTA DE PERSONAL *Un segundo cuestionamiento es que el Ministerio de Energía y Minas no tendría la capacidad para hacer la evaluación de la avalancha de proyectos mineros que apuntan a ser desarrollados en estos año*s.
El Ministerio de Energía y Minas ha pasado de aprobar 17 EIA de la gran minería en el 2000 a 56 en el 2010. Asimismo, ha pasado de aprobar 72 instrumentos ambientales a 273. Sin embargo, los estudios recibidos para su evaluación se cuadruplican, lo que les toma mucho esfuerzo y tiempo a los pocos profesionales especialistas que hay en esta cartera.
Fredesbindo Vásquez, ex director general de Asuntos Ambientales Mineros, confirma que hoy no existen recursos humanos capacitados para evaluar los EIA en el MEM sobre todo en aspectos como hidrogeología e hidrología. En ese sentido, los EIA no están siendo revisados a profundidad. Por lo que considera que estos deben ser evaluados y refrendados por organismos ambientales internacionales.
Una fuente del MEM, explica que esto es relativo. “Este ministerio ha sido criticado por las empresas porque se está demorando mucho en la aprobación de los EIA. Si no los revisáramos a profundidad las empresas no se quejarían”, señala.
TERCERIZACIÓN
El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, ha adelantado la posibilidad de tercerizar la evaluación de los EIA. Esa posibilidad ha sido cuestionada, pues la mayoría de empresas que podrían dar este servicio son justamente las que hacen los EIA de las empresas mineras, con lo cual se crearía un claro conflicto de intereses.
La directora ejecutiva de Coperacción, Julia Cuadros, indica que, si bien esa podría ser una salida inmediata, se debería apuntar a crear capacidades en el Ministerio del Ambiente para que sea este sector el que, no solo los evalúe, sino el que los desarrolle, tal como se hace en otros países.
“De esta manera se tendría una mayor confianza. Si las mineras encargan a otras empresas los EIA, es muy fácil que esos estudios se realicen a la medida y gusto del cliente”, dice Cuadros.
Ante la desconfianza en torno a los EIA, Isabel Calle considera que las mineras deben tomar una actitud responsable y hacer estudios complementarios. “En el caso de la construcción del gasoducto de Camisea, hicieron estudios complementarios porque entendieron que los EIA suelen ser bastante generales. En Camisea se realizaron estudios biogeológicos, de repoblación, de revegetación etc.”, señala.
Otra crítica que se hace al MEM es el hecho de que usualmente no desaprueba los EIA. En el MEM niegan esa afirmación. Según nuestra fuente, los EIA reciben un gran número de observaciones y las empresas tienen que rectificarlos hasta que sean satisfactorios.
Augusto Baertl indica que no se trata de desaprobar y declarar inadmisible un EIA, sino que se debe intentar encauzar su viabilidad, pero siendo muy exigentes.
DESPUÉS DE APROBADO
Cuadros señala otro defecto: los EIA son casi documentos de trámite, es decir, que una vez que se otorga la certificación ambiental,
nadie hace un seguimiento sobre si lo que se dijo en el EIA se cumple a lo largo de la vida del proyecto minero.
Además, estos estudios suelen ser voluminosos y repetitivos.
El EIA del proyecto Las Bambas fue de siete mil folios los que fueron entregados a las comunidades para su revisión, siendo por supuesto incomprensibles para los pobladores. La empresa tuvo que presentar otra versión más amigable.
Cuadros indica que se han hallado casos en que varios tomos son copiados de otros EIA porque se considera que tienen una misma línea de base.
En general, se requiere un replanteamiento de los EIA para que estos sean instrumentos que permitan darle confianza a los pobladores de que los impactos de los proyectos mineros serán controlados.
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