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viernes, 24 de enero de 2014

Energía y Clima de las metas para 2030

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Energía y Clima de las metas para 2030


El 22 de enero de 2014, la Comisión propuso objetivos energéticos y climáticos que deben cumplirse para el año 2030. Los objetivos envían una fuerte señal al mercado, fomentando la inversión privada en nuevos gasoductos y redes de electricidad o las tecnologías bajas en carbono.
Los objetivos deben cumplirse para que la UE mantenga su promesa de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95% para el año 2050.
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¿Cuáles son los objetivos?

  • Reducción del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero (en comparación con los niveles de 1990)
  • Para lograr al menos una participación del 27% del consumo de energías renovables
  • La eficiencia energética de desempeñar un papel fundamental, pero hay un objetivo específico en este punto.

¿Por qué más objetivos?

La UE ya cuenta con un amplio conjunto de políticas energéticas y climáticas para el período hasta2020 . Pero las previsiones que miran adelante a 2050 sugieren que las políticas actuales no son suficientes para lograr una economía y energía del sistema de baja emisión de carbono sostenible, segura y competitiva.

Estudio de Price

Este estudio sobre los precios de la energía y los costes:
  • ayudar a explicar el contexto de recientes alzas de precios y su impacto en los consumidores de energía
  • asegurar que las decisiones políticas se basan en análisis económicos basados ​​en la evidencia a fondo
  • proporcionar una visión de la evolución de los precios internacionales

¿Cómo se han desarrollado los precios en la UE?

Entre 2008 y 2012, Europa ha visto un aumento significativo de los precios medios al por menor para los hogares y la industria.
Sin embargo, durante el mismo período, los precios mayoristas de la electricidad se redujoen un tercio y los precios mayoristas del gas sigue siendo el mismo.
El estudio muestra los precios energéticos seguirán subiendo en el corto plazo - debido principalmente al aumento de los precios de los combustibles fósiles y la necesidad de inversión en las redes y la nueva generación de energía.
  • Precios de la electricidad para el hogar han aumentado en un 4% al año, los precios del gas doméstico en un 3% al año - por encima de la inflación en la mayoría de países de la UE
  • Precios de la electricidad al por menor para los clientes industriales han aumentado en un 3,5% al ​​año -, pero los precios del gas industria al por menor han aumentado en menos de un 1% al año, por debajo de la inflación en la mayoría de países de la UE
  • Precios de la electricidad al por mayor cayeron un 35-45% en el período
  • Precios de la gasolina al por mayor, a pesar de las fluctuaciones durante el período de cinco años, se han mantenido igual.

La UE pierde fuelle en la lucha contra el cambio climático


 Medioambiente

Una reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990, y un objetivo vinculante de al menos un 27 % de energías renovables son las aspiraciones de la UE para 2030. Hay que tener en cuenta que es un objetivo de toda la UE con lo que países como España no van a tener que cumplir esos objetivos. 

Pero tampoco es seguro que los vayan a cumplir el resto de los Estados miembros ya que la Comunicación de la UE tiene que presentarse al Consejo de jefes de Estado y de Gobierno y es muy probable que rebajen las aspiraciones de la Comisión, aunque quizá el Parlamento Europeo dé la batalla para mantener cotas más altas.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha declarado que «el paquete presentado hoy demuestra que no hay nada de contradictorio en abordar estos dos aspectos (lucha contra el cambio climático y política energética) de manera simultánea, sino que estos se refuerzan mutuamente». 

No piensa lo mismo Ecologistas en Acción, que ha dicho que «Europa cede a los intereses empresariales en la lucha contra el cambio climático». 

Para Amigos de la Tierra una reducción del 40 % para 2030 respecto a los niveles de 1990, es «una meta insuficiente» que «se aleja de las recomendaciones de los expertos en clima».

La Comisión Europea plantea también reanimar la compra venta de derechos de emisiones que se tuvo que hacer a un lado debido a la caída de los precios. Ahora propone hacer una especie de regulador de los derechos de emisión que se pondría en marcha en 2021 y abriría o cerraría el grifo de bonos para que el mercado no se viera inundado y pasara lo que ahora.

La crisis ha puesto una zancadilla a la marcha europea hacia una economía baja en carbono y va a ser complicado que se pueda levantar. El mismo Günther Oettinger, comisario de Energía, lo deja ver cuando afirma «El marco de 2030 fija metas muy ambiciosas en cuanto a la acción contra el cambio climático, pero también reconoce que estas deben alcanzarse al menor coste».
Oettinger se refiere también a la importancia del mercado interior de la energía «base para la consecución de estos objetivos» y a la 'europeización' de la energía. Una tarea ardua teniendo en cuenta que es un mercado fragmentado que necesita grandes inversiones en infraestructuras. 

La prueba más fehaciente está en el documento que publica la CE junto a la Comunicación y en el que se detallan los precios de la electricidad en la Unión. España es el segundo país donde más ha subido el precio de la electricidad para los hogares. Entre 2008 y 2012 subió un 46 %, solo va por delante Lituania con un 47 %. En el conjunto de la UE los precios de la electricidad subieron una media de un 4 % anual.

Bruselas atribuye el aumento a los costes de distribución, a la subida del IVA, las primas a las renovables y a la cogeneración. En cuanto a la industria en España, la electricidad ha subido menos, un 12 %. En el conjunto de la Unión el aumento fue del 3,5 % anual. En cuanto al gas doméstico el precio aumentó un 39,5 %. 

 La UE debe consensuar sus medidas de lucha contra el cambio climático que presentará en la Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP 21) que se celebrará en París el próximo año. 

 FUENTE 

jueves, 23 de enero de 2014

El futuro del maíz con el cambio climático

México es centro de origen y diversificación de cerca de 15 por ciento de las plantas agrícolas del mundo. 
La más importante es el maíz, alimento básico de la población. 
Un nuevo estudio destaca que en las zonas de mayor riqueza de razas, el grano será menos vulnerable 

El país cuanta con 59 razas de maíz y el 51% de la superficie sembrada con esta planta. Los futuros escenarios de cambio climático, sin duda contemplan el impacto el impacto en este cultivo, pero no todas las razas sufrirán los mismos efectos. La mayoría se enfrentará a que las áreas favorables para su crecimiento serán más restringidas, mientras que otras pocas serán favorecidas por las condiciones ambientales derivadas del fenómeno.

En el Instituto de Ecología de la UNAM, se presentó un novedoso estudio, elaborado por Carolina Ureta Sánchez Cordero, tesista de la investigadora Elena Álvarez-Buylla, especialista en desarrollo y evolución de plantas.
Instituto de Ecología de la UNAM
Este trabajo busca entender como impactará el cambio climático la distribución del maíz mexicano.

La investigación identifica las zonas de mayor biodiversidad o riqueza de maíz en el presente y cuáles lo serían en condiciones de cambio climático, con la finalidad de aportar información para planear algunas medidas de adaptación que disminuyan la vulnerabilidad de esta especie vegetal. 

Razas de maíz en diferentes escenarios 

Carolina Ureta tomó como área de estudio toda la República mexicana utilizando las bases de datos elaboradas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y los modelos de cambio climático regionalizados por investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

De las 58 razas de maíz, 15 subespecies y especies del género Tripsacum y 5 especies y subespecies de teocintle que existen en la base de datos nacional, el estudio usó 47 razas de maíz, 3 de Tripsacum y 4 especies o subespecies de teocintle. Con esta información, se elaboraron 9 mapas con diferentes escenarios de cambio climático que estiman cómo sería el clima en el año 2030 y 2050 y qué sucedería con el maíz.

Los resultados del trabajo indicaron que, en la actualidad el 77% del territorio del país es apto para sembrar al menos una raza de maíz; el 36% es favorable al menos para una especie de Tripsacum. El 18% del territorio tiene condiciones para que exista el teocintle que es una variedad silvestre emparentada con el maíz. 
Esos porcentajes se reducen según los diferentes escenarios de cambio climático hasta el escenario más pesimista, en caso que la humanidad no hiciera nada para frenar el calentamiento global. También se encontró que solamente 3 de las 47 razas de maíz se podrían beneficiar con las nuevas condiciones del clima y que las zonas de mayor riqueza de razas, en Chiapas, Oaxaca y Jalisco, serían las menos vulnerables al cambio climático. 

Una conclusión general es que las razas con distribuciones mas extendidas se encuentran entre las menos afectadas, muy probablemente por estar adaptadas a diferentes ambientes. 

Diversidad por zonas 

 El clima futuro podría abrir nuevas áreas para la distribución del maíz mexicano. Carolina Ureta Sánchez Cordero señaló que hay sitios en la zona centro y sur del país donde podrían crecer razas de maíz que hoy no se desarrollan ahí. También en el norte podrían establecerse 10 razas más. Eso refuerza la importancia de conservar todas las zonas maiceras del país y no únicamente las de mayor riqueza.

Un segundo capítulo de la investigación identificó que factores ambientales y sociales están relacionados con las zonas de mayor riqueza de maíz. Al respecto, se concluyó que las zonas más biodiversas en maíz constituyen el 7 por ciento del territorio nacional y las variedades de maíz que se encuentran aquí tienen estrecha relación con 40 por ciento de los grupos étnicos.

 Las autoras del estudio expresaron que esto significa que los lugares donde hay una mayor diversidad de razas de maíz nativo son también los puntos de mayor diversidad cultural y de grupos étnicos. 

Por su parte, el doctor Antonio Turrent Fernández, investigador del Instituto Nacional del Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias y sinodal del estudio mencionado, expresó que futuras investigaciones podrían explorar lo que sucederá en escenarios de cambio climático con la interacción biológica de las especies que son amigos y enemigos naturales del maíz. 

El científico agregó que mucho del maíz cultivado se encuentra en laderas que, frente a eventos extremos, son más susceptibles a erosionarse, por lo que una buena recomendación para los agricultores sería proteger sus terrenos con cultivos arbóreos que crezcan en armonía con el maíz. 

Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM 


FUENTE

Permitir la siembra comercial del maíz transgénico en México significaría un camino sin retorno para la humanidad que afectaría la salud, la biodiversidad y la pérdida de más de 60 razas nativas del grano

martes, 21 de enero de 2014

Mar territorial

Mar territorial
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Las zonas marítimas de acuerdo a la Convención del Mar. El mar Territorial es el sector del océano en el que un Estado ejerce plena soberanía, de igual forma que en las aguas internas de su territorio. Según la Convención del Mar de 1982, el mar territorial es aquél que se extiende hasta una distancia de doce millas náuticas (22,2 km) contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide su anchura. De acuerdo a los datos tomados de las Naciones Unidas,1 los siguientes países reclaman mares territoriales de más de 12 millas náuticas: Benín, República del Congo, República del Ecuador (sólo entre las islas Galápagos y el continente), República de El Salvador, República de Liberia, República del Perú y Somalia, todos estos países reclaman un mar territorial de 200 millas náuticas. Togo reclama 30 millas y la República de las Filipinas un rectángulo de más de 12 millas en torno al archipiélago. Antecedentes
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A inicios del siglo XVII, basado en principios de derecho romano, Hugo Grocio postuló la "doctrina del mar libre" en su obra Mare Liberum (Mar Libre), según la cual los mares no podía ser sujetos de apropiación, porque no eran susceptibles de ocupación, como las tierras, y por ello debían ser libres para todos ("libertad de los mares"). Sin embargo, en el siglo XVIII Cornelius van Bynkershoek logró sentar el principio según el cual el mar adyacente a las costas de un país quedaba bajo su soberanía. La extensión de esta franja marina cercana al borde costero quedó entregada, en general, a la capacidad de control que el Estado podía ejercer sobre ella. Por ello, el criterio utilizado para fijar su anchura fue la posibilidad de control desde la costa, que permitió el surgimiento de la norma de las tres millas marinas, basada en la tesis de la "bala de cañón" (de Galiani).
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En el siglo XX muchos Estados expresaron la necesidad de extender el mar territorial, con el fin de proteger los recursos pesquerosy mineros y aplicar medidas de control y fiscalización para evitar contaminación del área. Esta situación fue reconocida por la Sociedad de Naciones y por la Conferencia de La Haya sobre Codificación del Derecho Internacional de 1930. En esta conferencia no se logró ningún acuerdo para establecer la anchura para el mar territorial, aunque se reconoció la existencia de una zona contigua, de una extensión máxima de 12 millas marinas. A mediados del siglo XX, en el ámbito latinoamericano surge la tesis de las 200 millas marinas que se vio precedida, entre otras, por la Declaración de Panamá de 1939, cuyo objeto era, atendidos los potenciales peligros que la guerra mundial podía generar en las aguas americanas, el establecimiento de una zona de protección alrededor del continente americano, cuya extensión variaba entre 300 y 1200 millas; la Resolución VIII sobre Extensión del mar territorial, de la Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de La Habanaen 1940; la recomendación del Comité Jurídico Interamericano de 1941 de extender el mar territorial hasta las 12 millas marinas y las declaraciones de 1945 del Presidente de Estados Unidos Harry Truman sobre Plataforma Continental.
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Las declaraciones del Presidente Truman constituyeron un detonante para diversas declaraciones unilaterales latinoamericanas, emitidas al concluir la Segunda Guerra Mundial, que terminaron por decantar en la tesis de una zona económica exclusiva de 200 millas de extensión, reconocida en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982. Según las tesis latinoamericanas (propiciadas por Chile, Ecuador y Perú) anteriores a la Convención, más allá del mar territorial, el Estado ejerce ciertas competencias con fines específicos de protección, conservación, explotación y exploración de los recursos naturales, vivos y no vivos, situados en el lecho del mar, el subsuelo o las aguas suprayacentes, hasta una distancia de 200 millas marinas (370,4 km).
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Finalmente en la Convención del Mar se estableció que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con la misma Convención y una zona económica exclusiva, de una extensión máxima de 200 millas, medidas desde las líneas de base según las cuales se mide la anchura del mar territorial donde el Estado ejerce ciertas competencias específicas señaladas en la misma Convención. Régimen jurídico
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El mar territorial es el territorio sumergido del Estado y la soberanía sobre el mismo es un corolario de aquella que se posee sobre el territorio terrestre. La razón determinante de este reconocimiento de soberanía estatal sobre el mar adyacente a sus costas consiste en que ello es indispensable a su seguridad y a la protección de sus legítimos intereses. Sin embargo, existen limitaciones establecidas por el Derecho internacional a la soberanía que posee el Estado respecto a su mar territorial y la más importante de ellas es el derecho de paso inocenteque por esas aguas tienen los barcos de los demás Estados. El mar territorial se asemeja a las aguas interiores en que está sujeto a la soberanía del Estado ribereño, pero difiere de ellas en que esta soberanía se halla limitada por el derecho de tránsito inocuo de pabellones extranjeros. La anchura del mar territorial se establece en el artículo 3 del Convención del Mar: “Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base...” Cuando las costas de dos Estados son adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tiene derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de dichos Estados. Salvo que por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma (artículo 15 de la Convención del Mar).

Véase también

Referencias

Bibliografía

Los últimos títulos franceses:
  • Beurier (J.-P.) & al., Droits maritimes (Derechos marítimos), DALLOZ (París), 2ª edición 2008, 1.216 pp. ISBN-978-2-247-07775-5
  • Angelelli (P.) & Moretti (Y.), Cours de Droit maritime (Curso de derecho marítimo), ediciones InfoMer, 2008, 350 pp. ISBN-978-2-91596-37-5

El Contencioso sobre Delimitación Marítima entre el Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia y la Solución Pacífica de Controversias

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. El Perú ha recurrido a este reconocido Tribunal a fin de que establezca su límite marítimo con Chile. El recurso a la Corte Internacional de Justicia constituye un medio pacífico de solución de controversias jurídicas entre Estados. Por tanto, someter este diferendo a la decisión de la CIJ constituye una opción de paz.

VER MÁS 

Texto de la demanda presentada por Perú ante la Corte de La Haya

    Texto de la demanda presentada por Perú ante la Corte de La Haya

    Lima, ene. 16 (ANDINA).- A continuación presentamos el texto completo de la demanda presentada por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya dando inicio al proceso por el diferendo marítimo con Chile.
    Al Señor Secretario
    Corte Internacional de Justicia
    El suscrito, debidamente autorizado por el Gobierno de la República del Perú como su Agente, tiene el honor de someter a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con los artículos 36 (1) y 40 (1) de su Estatuto y el Artículo 38 de su Reglamento, una demanda dando inicio al proceso instituido por la República del Perú contra la República de Chile por el siguiente caso:
    I. Materia de la Controversia
    1.- La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado “Concordia” conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del alta mar.
    II. Los Hechos
    2. Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma. El Perú, consiguientemente, sostiene que la delimitación deberá ser determinada por la Corte conforme al derecho internacional.
    3. Sin embargo, Chile sostiene que ambos Estados han acordado una delimitación marítima que comienza en la costa y continúa a lo largo de un paralelo de latitud. Aún más, Chile ha rehusado reconocer los derechos soberanos del Perú sobre un área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas desde sus costas (y que se encuentra fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile)
    4. Desde los años ochenta, el Perú ha intentado consistentemente negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones (ver por ejemplo el Anexo 1). Mediante Nota de su Ministro de Relaciones Exteriores del 10 de septiembre del 2004 (Anexo 2) Chile cerró firmemente la puerta a cualquier negociación.
    III La Jurisdicción de la Corte
    5. La jurisdicción de la Corte en este caso se basa en el Artículo XXXI del Tratado Americano sobre Solución Pacífica de Controversias (Pacto de Bogotá) del 30 de abril de 1948 (Anexo 3) Esta disposición reza:
    ARTICULO XXXI. De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:

    a) La interpretación de un Tratado;
    b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;
    c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional;
    d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.
    6. Tanto el Perú como Chile son partes en el Pacto de Bogotá. Ninguna de las dos partes mantiene a la fecha reserva alguna al referido Pacto.
    IV. El Fundamento Legal de la Reclamación Peruana
    7. Los principios y normas del derecho internacional consuetudinario sobre delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las disposiciones relevantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (“CONVEMAR”) y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de otros tribunales, constituyen las principales fuentes de derecho aplicables a la presente controversia.
    8. El principio rector principal sobre delimitación de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes, recogido en los Artículos 74 y 83 de la Convención, es que la delimitación “se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que hace referencia el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa.” Según ha sido interpretado por la reciente jurisprudencia de la Corte, este principio es básicamente similar al que rige la delimitación de los mares territoriales de los Estados con costas adyacentes conforme al Artículo 15 de la Convención, consistente en aplicar la equidistancia, teniendo en cuenta circunstancias especiales cuando las hubiere.
    9. De conformidad con el derecho internacional, tanto el Perú como Chile tienen derecho a un dominio marítimo adyacente como prolongación de sus respectivos territorios terrestres hasta una distancia de 200 millas marinas desde sus líneas de base. A consecuencia de ello y dada la configuración geográfica de la costa, sus derechos se superponen. Como quiera que ningún acuerdo ha sido alcanzado por las Partes respecto a la delimitación de sus respectivas zonas marítimas y en ausencia de circunstancias especiales que cuestionen la aplicación de la línea equidistante, es la línea equidistante la que permite arribar a un resultado equitativo. El límite marítimo entre las Partes deberá ser determinado en tal sentido.
    10. En contraste, una línea divisoria a lo largo de un paralelo que comience en la costa, conforme a la pretensión chilena, no cumple el requisito fundamental de arribar a un resultado equitativo y tampoco surge de acuerdo alguno entre las Partes.
    11. La delimitación debe empezar en un punto en la costa denominado Concordia, punto terminal de la frontera terrestre establecido conforme al Tratado y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica -Tratado de Lima- del 3 de junio de 1929 (Anexo 4), cuyas coordenadas son 18º 21´ 08” S y 70º 22´ 39” O (ver Anexo 5), y debe extenderse hasta una distancia de 200 millas marinas desde las líneas de base establecidas por las Partes. Esto es en conformidad con el Artículo 54, párrafo 2 de la Constitución del Perú de 1993 (Anexo 6), la Ley No. 28621 sobre Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú del 3 de noviembre de 2005 (Anexo 5), el Decreto Supremo peruano No. 047-2007-RE del 11 de agosto de 2007 (Anexo 7) y el artículo 596 del Código Civil chileno modificado por la Ley No. 18.565 del 23 de octubre de 1986 (Anexo 8), todas ellas normas concurrentes en la fijación del límite exterior de sus respectivos dominios marítimos hasta una distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base.
    12. Conforme a normas y principios bien establecidos de derecho internacional, el Perú también tiene derecho a los espacios marítimos que se encuentran dentro de las 200 millas marinas medidas desde sus líneas de base y que, a la vez, se encuentran fuera de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base chilenas. Los argumentos contrarios esgrimidos por Chile carecen de mérito alguno.
    V. Decisión Requerida
    13. El Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo entre los dos Estados conforme al derecho internacional, según lo indicado en la Sección IV supra, e igualmente solicita a la Corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile.
    14. El Gobierno del Perú se reserva el derecho de ampliar, enmendar o modificar la presente demanda a lo largo del proceso.
    15. Para los propósitos del Artículo 31 (3) del Estatuto y del Artículo 35 (1) del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno del Perú declara su intención de ejercer su derecho a designar un Juez ad hoc.
    Todas las comunicaciones relativas a este caso deberán ser enviadas a la Embajada de la República del Perú en el Reino de los Países Bajos, Nassauplein 4, 2585 EA, La Haya, Países Bajos.

    Respetuosamente,
    Allan Wagner
    Agente del Gobierno de la República del Perú

    ANEXOS
    1. Nota del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 19 de Julio 2004.
    2 Nota del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 10 de septiembre 2004.
    3. Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), 30 de abril de 1948
    4. Tratado y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica-
    Tratado de Lima- del 3 de junio 1929
    5. Ley No. 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, 3 de
    noviembre 2005
    6. Artículo 54, párrafo 2 de la Constitución Política del Perú de
    7. Decreto Supremo peruano No. 047-2007-RE, 11 de agosto de 2007
    8. Artículo 596 del Código Civil de Chile, según modificación de la Ley 18.565 del 23
    de octubre de 1986.

    Comunicado de la Cancillería sobre demanda ante La Haya por controversia marítima con Chile
    Lima, ene. 16 (ANDINA).- El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió el comunicado oficial 001-08 sobre la presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver la controversia marítima de naturaleza jurídica con Chile.
    1. En la fecha el Gobierno del Perú ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la demanda que da inicio al proceso dirigido a resolver la controversia marítima de naturaleza jurídica que sostiene con Chile. El recurso del Perú al máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, se ampara en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como Pacto de Bogotá, mediante el cual ambos países reconocen la jurisdicción obligatoria de dicha Corte.
    2. La materia de la controversia jurídica bilateral se refiere a la delimitación de los espacios marítimos de ambos países, tomando como punto de partida el punto en la orilla del mar denominado Concordia, de conformidad con el Tratado de Lima de 1929.
    3. Al respecto, el Perú ha solicitado que la Corte determine el límite marítimo entre ambos países sobre la base de los principios y las normas de la costumbre internacional, tal como ésta es recogida en las convenciones sobre derecho del mar y ha sido aplicada en la jurisprudencia en los casos de delimitación marítima. La solicitud peruana se fundamenta en el principio de aplicar la equidistancia para la delimitación marítima entre los Estados con costas adyacentes.
    4. La controversia jurídica bilateral también comprende el área de mar peruano que se extiende más allá de 200 millas marinas del territorio de Chile y que ese país considera alta mar. En vista de ello, el Perú ha solicitado que la Corte reconozca los derechos soberanos exclusivos que el Perú posee sobre dicha área marítima, denominada “triángulo externo”.
    5. Al recurrir a la máxima instancia judicial internacional se reafirma la histórica vocación pacífica del Perú y su tradicional conducta de apego a los principios del Derecho Internacional que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados. De esta manera, el Perú reconfirma su firme compromiso con el principio consagrado por las Naciones Unidas de resolver las controversias por medios pacíficos, a fin de no poner en riesgo la paz y seguridad internacionales ni la justicia.

    6.El Gobierno peruano reitera su adhesión a la Declaración sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales, aprobada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982, que señala expresamente que el recurso al arreglo judicial de las controversias jurídicas, en particular su remisión a la Corte Internacional de Justicia, no debe ser considerado un acto inamistoso entre los Estados.
    7. El Gobierno del Perú considera que el recurso ante la Corte Internacional de Justicia permitirá solucionar la controversia marítima entre el Perú y Chile, y continuar promoviendo la profundización de la relación bilateral, dentro del marco de amistad y cooperación que corresponde a países vecinos que comparten visiones modernas del futuro y aspiraciones de paz y desarrollo.
    Lima, 16 de enero de 2008
    Ministerio de Relaciones Exteriores

Controversia en delimitación marítima entre Chile y el Perú

Controversia en delimitación marítima entre Chile y el Perú

Las Repúblicas del Perú y Chile sostienen un diferendo diplomático sobre la soberanía de una zona marítima de aproximadamente 37,900 kms2 en el Océano Pacífico.
Para Chile no existen temas limítrofes pendientes con el Perú, ya que los límites marítimos han sido definidos en 1952 y 1954 cuando ambos países suscribieron Convenios de pesca donde se específicaban claramente las fronteras marítimas.
Para el Perú, el límite marítimo con su vecino del sur no está definido ya que nunca se ha firmado un Tratado que establezca dicho límite.

Para Chile, la frontera marítima con el Perú es la línea del paralelo (línea azul), lo que deja sin mar a las provincias peruanas del sur.

El Perú, considera que le correspondería seguir una prolongación de sus costas (línea verde), pero que eso no sería justo para Chile. Lo justo y equitativo para ambos países sería trazar una línea media (línea roja) para definir la frontera entre ambos países. 
HISTORIA DE LA CONTROVERSIA
Este conflicto tiene sus inicios en el siglo XIX cuando el mapa de Sudamérica era diferente y Chile era un pequeño pero próspero país, que explotaba recursos minerales en suelo boliviano con el apoyo de capitales ingleses. En 1879 el gobierno de Bolivia decidió elevar en 10 centavos los impuestos a cada quintal de salitre extraídos de su territorio y exportados por una empresa chileno-británica. En represalia, Chile invadió Bolivia y le declaró la guerra.
Perú trató de mediar en el conflicto, pero Chile también le declaró la guerra al Perú, debido a que el Perú tenía una alianza militar con Bolivia.
La guerra tomó por sorpresa a Bolivia y Perú, quienes se encontraban en clara desventaja militar frente a Chile. Bolivia no tenía armada ni Ejército y tras un año de enfrentamientos se retiró de la guerra, dejando al Perú solo contra Chile.
Luego de cuatro años de guerra, Chile venció al Perú y extendió sus fronteras hasta sus actuales límites, apropiándose de las provincia boliviana de Antofagasta y las provincias peruanas de Tarapacá y Arica. También ocupó la ciudad de Lima por cuatro años y la provincia de Tacna por 50 años. Bolivia perdió su acceso al mar.
Entonces, Chile emprendió una política de "chilenización" de las provincias peruanas y bolivianas, expulsando a familias que habían habitado la zona por cientos de años y colocando en su lugar a colonos chilenos, en lo que se denominó "chilenización".
Sólo de la ciudad de Iquique fueron expulsados 40,000 peruanos y sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno chileno. Los pobladores que se negaban a dejar su ciudad eran hostilizados y amenazados de muerte y sus nombres eran publicados en "actas de defunción" en los diarios.
De esta forma, Chile tomó posesión no sólo de una importante extensión territorial, sino también de enormes depósitos salitreros, guaneros y cupríferos, así como de extensos recursos marinos que contribuyeron decisivamente a su actual riqueza económica.
Ya que el Perú se negaba a rendirse, Chile apresó al presidente peruano y lo retuvo en territorio chileno hasta que se firmó el Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra en 1883 y por el cual Chile incrementó su territorio, avanzando del paralelo 24 hasta el paralelo 18. En ese Tratado, así como en el complementario Tratado de Lima de 1929 se determinan las nuevas fronteras terrestres, pero no existen referencias sobre las fronteras marítimas entre Chile y Perú.
En 1947, tanto Chile como Perú proclaman unilateralmente, que sus respectivos Estados poseen sobería sobre los mares adyacentes a las costas de sus territorios.

PRINCIPALES ARGUMENTOS CHILENOS
Desde 1952, el Perú reconoce que la frontera marítima con Chile es la línea del paralelo, y lo ha hecho a través de diversos documentos. Además, desde la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX, Chile ejerce soberanía y control en toda el área que el Perú está reclamando.
En 1952 Chile, Ecuador y Perú suscriben la "Declaración de Zona Marítima" en Santiago de Chile, por la que establecen el reconocimiento de las 200 millas náuticas de cada país, cuya definición corresponde a un minuto de arco sobre el paralelo de la línea del Ecuador.
En 1954, Chile, Ecuador y Perú deciden firmar un nuevo documento, llamado "Convenio sobre Zona Especial Marítima", debido a que "se producen con frecuencia de modo inocente y accidental, violaciones de la frontera marítima entre los Estados vecinos", situaciones que se intentan regular y para lo cual "establécese una zona especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países".
En 1955, el gobierno del Perú, en la resolución Nº 23, afirma que la zona marítima peruana está "limitada en el mar por una línea paralela a la costa peruana y a una distancia constante de ésta, de 200 millas náuticas" (punto 1) y que, de conformidad "con el inciso IV de la Declaración de Santiago, dicha línea no podrá sobrepasar a la del paralelo correspondiente al punto en que llega al mar la frontera del Perú" (punto 2).
En 1955, el Congreso del Perú ratifica los acuerdos de 1952 y 1954 (y otros acuerdos y convenios relacionados).
Según la posición chilena, los acuerdos de 1952 y 1954 tienen la naturaleza de un Tratado Internacional, se basan para ello en la Convención de Viena de 1980, que si bien no tiene efectos retroactivos, están reconociendo un derecho internacional consuetudinario.
La Convención de Derecho del Mar indica que los acuerdos previos vigentes entre los Estados y, además, la existencia de derechos históricos, priman por sobre el establecimiento de la línea media contemplada por la misma convención y desde hace más de 50 años, en la práctica, Chile ha ejercido soberanía en el espacio marítimo reclamado por Perú, deteniendo a los buques pesqueros peruanos que han cruzado el paralelo.

PRINCIPALES ARGUMENTOS PERUANOS
El Perú no reconoce los acuerdos pesqueros de 1952 y 1954 como tratados de límites marítimos.
En 1982, las Naciones Unidas aprueban la Convención sobre el Derecho del Mar (Convemar) llamada, la Constitución de los Océanos. La Convención del Mar establece que en ausencia de tratados formales, el método para establecer los límites marítimos es el trazo de una línea media y la aplicación del principio de la equidad. Según la posición peruana, Chile y Perú, nunca han firmado un Tratado específico de límites marítimos y Chile pretende imponer un límite marítimo tremendamente inequitativo.

La Declaración de Zona Marítima de 1952, firmada por delegados de Chile, Ecuador y Perú, define como zona marítima de cada uno de los países las 200 millas medidas desde la costa. Perú sostiene que debido a las características de la costa del Pacífico, las 200 millas de Chile se sobreponen a las 200 millas del Perú. Si como Chile exige, se considerara al paralelo como límite, la ciudad peruana de Camaná solo tendría 100 millas de mar territorial, Mollendo sólo tendría 80 millas, Ilo 40 millas, Sama 20 millas y Tacna no tendría mar, pues tendría 0 millas en el punto de la Concordia.
Para el Perú, el acuerdo de 1954, firmado por delegados de Chile, Perú y Ecuador, denominado "Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima", sería sólo un convenio de pesca y no un tratado de limites. Sólo por error los negociadores habrían mencionado límites marítimos, que no se encontrarían definidos por tratado alguno.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, señala que no puede tomarse un acuerdo internacional, usándolo en otro sentido: "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin".

Situación Actual
En la práctica Chile sigue ejerciendo soberanía en el espacio marítimo reclamado por Perú, por lo cual la Armada chilena, en los casos que buques pesqueros peruanos cruzan el paralelo, procede en la forma habitual (detención, traslado hasta el puerto de Arica, confiscación de los productos obtenidos, imposición de una sanción pecuniaria y la deportación al Perú).
El 23 de mayo de 1986, el Perú solicitó a Chile establecer el límite marítimo entre ambos países, bajo la premisa que aún no se ha celebrado un Tratado especifico de delimitación marítima. Para el Perú, todos los acuerdos anteriores, son apenas convenios de pesca, ante lo cual Chile respondió que los acuerdos de 1952 y 1954 constituyen tratados de límites marítimos entre ambos países.
Perú ha solicitado llegar a un entendimiento pacífico usando los mecanismos bilaterales, como la Comisión Mixta Permanente de Límites, Chile respondido que la frontera marítima ya está definida.
Finalmente el Perú ha decidido presentar el diferendo ante la Corte Internacional de La Haya, en virtud a que Chile y Perú suscribieron el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) de 1948, que establece que si no existe voluntad de las partes, y no habiéndose convenido un procedimiento arbitral, cualquiera de los Estados parte tienen derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia, existiendo competencia obligatoria de ésta, tratándose controversias de orden jurídico que verse, entre otras, sobre la interpretación de un tratado y cualquier cuestión de Derecho internacional (artículo XXXI y XXXII del Pacto de Bogotá de 1948, en concordancia con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia).

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