La reciente invitación al lehendakari para presidir la alianza de regiones europeas asociada a la organización público-privada
The Climate Group ha sido, en palabras de su director general, Mark Kenber, en reconocimiento a
la labor proactiva que este país ha ido desarrollando en los últimos años en los ámbitos de las energías limpias e inteligentes y ante el cambio climático. Desde 2009, esa agenda política ha contado con la implicación directa del lehendakari en su impulso y desarrollo, lo que se ha traducido, en gran medida, en su incorporación a la corriente principal de la labor del Gobierno.
Las emisiones vascas en 2009 fueron solo un 6% superiores a las de 1990
Es preciso consolidar lo ya hecho aprobando la ley de Cambio Climático
La Conferencia de Cancún (México) del pasado mes de diciembre aportó avances de un cierto calado en temas como la adaptación al cambio climático, la transferencia tecnológica a los países en desarrollo, la ayuda financiera a los mismos y la preservación de los bosques y selvas tropicales. Ahora bien, la comunidad internacional no sólo no ha conseguido contener las emisiones de gases de efecto invernadero, sentido último de las negociaciones internacionales, sino que éstas se han situado en la pasada década por encima del escenario más pesimista de los preparados por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) a finales de los años noventa. La causa principal de la aceleración de las emisiones es la dependencia de los combustibles fósiles de la intensa industrialización de China e India. En el año 2009, el 53% de las emisiones totales de CO2, principal gas de efecto invernadero, se originó en los países en desarrollo, especialmente en los emergentes; el 44%, en los desarrollados; el 3% restante lo generó la aviación y el transporte marítimo internacionales.
Cuando queda menos de un año y medio para que finalice la vigencia del Protocolo de Kioto -diciembre de 2012-, el gran reto pendiente sigue siendo formalizar un acuerdo vinculante que implique a los grandes emisores -China, Estados Unidos, Europa, Brasil, India, Rusia, Indonesia y Japón- y establezca una hoja de ruta creíble para la descarbonización de la economía internacional a medio y largo plazo, en la línea de lo demandado por el IPCC. Avanzar en esa dirección es el principal objetivo de la conferencia de Durban (Sudáfrica) en diciembre de este año, si bien los resultados de las reuniones preparatorias de Bangkok y Bonn no han sido alentadores.
La Unión Europea va a cumplir con los requerimientos del Protocolo de Kioto. En el período de ejecución 2008-2012 prevé una disminución media de sus emisiones del 14%, más allá del 8% comprometido en Kioto. Además, ha acordado formalmente una disminución del 20% para el año 2020 y se ha mostrado dispuesta a llegar al 30% si otros emisores relevantes aceptan dar pasos equivalentes. Asimismo, la Comisión Europea ha presentado recientemente una hoja de ruta a largo plazo (2050), en la que se establece una trayectoria coste-eficiente para reducir las emisiones europeas un 80%, objetivo ya aprobado por el Consejo de Europea y que responde a lo demandado por el IPCC.
En ese contexto, las emisiones del País Vasco en 2009 fueron solamente un 6% superiores a las del año de referencia (1990). Es un buen resultado a la vista de la trayectoria de años anteriores, si bien lo decisivo será controlarlas una vez que la economía vasca vuelva a crecer de forma significativa. Para ello, el Gobierno ha presentado al Parlamento vasco el proyecto de ley sobre Cambio Climático.
Si la ley es aprobada,
Euskadi será la segunda región europea, tras Escocia, en dotarse de una norma legal propia en este tema. El proyecto de ley se ha encontrado con una disputa con las Diputaciones forales por un tema de competencias sobre los bosques, importantes sumideros de carbono contemplados en el proyecto de ley, que esperamos se reconduzca adecuadamente.
El objetivo de la ley es sentar las bases para que este país avance progresivamente hacia una economía con menor huella de emisiones y se prepare para una adaptación a los impactos derivados de la alteración del clima. El instrumento central serán los denominados presupuestos de carbono, que asignarán las cantidades máximas que pueden emitir anualmente los departamentos del Gobierno y las diferentes instituciones del país, garantizando de esa manera una trayectoria de mitigación de emisiones que nos mantenga alineados con los objetivos climáticos de la Unión Europea.
La preparación del proyecto de ley ha contado con un amplio proceso de participación y contraste interinstitucional, así como entre los agentes sociales, empresariales, el mundo de la ciencia, los centros tecnológicos y expertos.
El reconocimiento que The Climate Group ha hecho de la trayectoria de Euskadi ha tenido en cuenta, también, la existencia de una estrategia sobre la energía basada en la eficiencia energética y las energías renovables. El sector de la energía origina el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Euskadi, por lo que resulta imprescindible su compromiso en la tarea de seguir progresando hacia una economía de menores emisiones.
En el sector del transporte la apuesta por la movilidad sostenible, especialmente el ferrocarril, es clara. Metro, tranvía, trenes de cercanías, Y ferroviaria.
El proyecto de metro para Donostialdea, aprovechando en gran medida las redes ya existentes, es en ese sentido un paso en la buena dirección. El apoyo decidido al vehículo eléctrico es otro elemento emergente de extraordinaria importancia para el futuro del desarrollo sostenible.
En esa trayectoria se incluye, asimismo, el programa de investigación científica sobre los impactos del cambio climático en el País Vasco y la consolidación del centro de investigación especializada, el
Basque Center for Climate Change (BC3).
En definitiva, los primeros pasos para considerar al País Vasco una de las regiones europea más comprometidas hacia el cambio climático ya se han dado. Ahora es preciso consolidarlos con la aprobación de la ley de Cambio Climático. Mi esperanza y mi deseo es que se haga por unanimidad de las fuerzas parlamentarias, como ocurrió en Escocia.
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