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viernes, 2 de julio de 2010

Se ciernen litigios sobre Doe Run y el Estado peruano

Por temas de contaminación en La Oroya ya se han iniciado juicios en EE.UU. contra la empresa.

Hemos entrado a la recta que llevará a definir, por fin, el futuro de la empresa Doe Run, aunque ello no signifique necesariamente el fin de los problemas, sino la posibilidad de iniciar otros.
Por un lado, cada vez son más fuertes los rumores que indican que el caso ya llegó a Indecopi, y por otro, más de una minera, proveedora de la empresa , ya acudió a la vía arbitral, logrando el pago de su deuda.
Este 27 de julio vence el plazo para que la empresa Doe Run reinicie sus operaciones, y si bien semanas atrás la compañía aseguraba que podía reiniciar labores incluso antes de cumplido el plazo, hoy el discurso ya no es el mismo.
A fines de junio, la empresa publicó una invocación, que a criterio del Estado es una lista de exigencias, en la cual precisaba que para poder reiniciar sus labores el gobierno debía cumplir “sus responsabilidades”.
Una de las “responsabilidades”, que llamó la atención fue que el Estado peruano en el contrato de compraventa de la planta de La Oroya, en 1997, se comprometió a asumir la remediación de las áreas afectadas por las emisiones de la fundición; a atender los reclamos actuales y futuros con respecto a las condiciones ambientales en La Oroya y las comunidades aledañas impactadas por la fundición; y a mantener indemnes a todas las personas que han trabajado en la empresa o que le hayan prestado servicios a la misma.
Según pudo verificar Gestión, el contrato establece estos compromisos para el Estado en las cláusulas quinta y sexta del contrato.
Sin embargo, la especialista Marita Chappuis advierte que si bien hay una cláusula que dice que el Estado responde por las demandas que se planteen contra Doe Run inclusive durante las vigencias del PAMA, hay otro artículo que señala que el Estado responderá solo si las prácticas de Doe Run son mejores que las de Centromín.
“Pero dados los incumplimientos ambientales de Doe Run, no se puede decir que sus prácticas son mejores”, afirmó.
Desde su punto de vista es extraño que Doe Run pida un blindaje contra sus directivos en los juicios del exterior, y no apele a las cláusulas de arbitraje internacional que tiene el contrato.
“Ante las diferencias entre Activos mineros (empresa que asumió las funciones de Centromín) y Doe Run se debe ir a un arbitraje, para saber quién debe hacerse cargo o no de las demandas”, sostuvo Chappuis.
Lo dicho por la especialista y dado el tenor de la “invocación” hecha por Doe Run nos deja entrever que, en caso la empresa no reiniciara operaciones, un largo camino de litigios podría empezar.

GESTIÓN – 02/07/10

Los desechos de una mina contaminan un río y afectan a 10 comunidades de la sierra peruana

El derrame de una poza de desechos (relaves) de la Empresa Minera Caudalosa Chica, ha contaminado el 80% del río Opamayo y afectado a diez comunidades de la región andina peruana de Huancavelica, informaron fuentes oficiales.
Según la agencia oficial Andina, las autoridades de la Defensa Civil de Huancavelica han determinado que el río fue contaminado el pasado viernes con 21.420 metros cúbicos de desechos tras el colapso del dique de una represa que contenía esas toxinas.
El río, que desemboca en la localidad de Lircay (capital de la provincia de Angaraes), afectó a 892 personas del distrito de Huachocolca, Huancavelica, precisó la información.
El derrame ha afectado también a los animales de las zonas aledañas al río, por lo que la minera ha iniciado labores de limpieza y entrega de agua y forraje a los pobladores.
Andina indicó que hasta la zona ha llegado una misión de funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas, la Gerencia de Recursos Naturales, la Subgerencia de Medio Ambiente, la Fiscalía de Lircay y agentes de la Policía.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que reúne a organizaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, emitió hoy un comunicado en el que alertó que el derrame ha afectado a más de diez comunidades campesinas.
Denunció, además, que tras el incidente la empresa minera "no alertó" a la población, "poniendo en serio peligro la vida de hombres, animales y sembríos que consumen las aguas de estos ríos para su supervivencia".
"Las autoridades locales se enteraron de este hecho e inspeccionaron el lugar el sábado 26 de junio. Las comunidades más afectadas son Totora, Palcas, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca, Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay, Callanmarca, Huancahuanca y Congalla", precisó la CAOI.
El comunicado consideró que la empresa minera ha cometido "un atentado criminal" contra los campesinos, porque estos "han consumido truchas envenenadas con plomo y otros metales tóxicos, y los animales siguieron consumiendo las aguas contaminadas".
La CAOI exigió a Caudalosa Chica que "asuma la responsabilidad por este atentado" y pidió al Ministerio de Energía y Minas de Perú que aplique las máximas sanciones porque, según señaló, la compañía opera "de forma artesanal y sin cumplir el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)" que exige la ley.

Publicado por Agencia EFE – hace 2 días

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