Emilio Carrera
Analizar la evolución de la calidad
ambiental y el paisaje de la costa de Cantabria o del aprovechamiento
sostenible de sus recursos en las últimas décadas constituye, desde luego, un
ejercicio masoquista por la lamentable evidencia de su degradación progresiva
desde Val de San Vicente hasta Castro Urdiales, en toda la franja de municipios
que se asoman al mar en nuestra región, en sus tramas urbanas y el entorno de
las villas marineras tradicionales, en las áreas rurales próximas o en los
tramos que resistieron las acometidas de los 60 y primeros 70, y que no han
sido objeto, desde luego, del tratamiento y el respeto adecuados a su
naturaleza e importancia.
Y es que la mayor fragilidad y
sensibilidad de ecotonos y áreas de contacto marítimo-terrestres, la especulación
de usos y actividades optimizando beneficios y sacrificando rentabilidades
sociales y ambientales –pero, también, las económicas a medio y largo plazo–,
las perversas alianzas de propietarios de terrenos, intermediarios, promotores,
constructores, políticos corruptos y usuarios sin sensibilidad alguna sobre los
impactos de sus compras privadas sobre los contextos sociales, el paisaje y los
valores ecológicos en que se insertan..., han desembocado en la actual
situación: aprovechamientos intensivos del suelo (...y de recursos como las
algas de arranque en perjuicio de las de arribazón o la alarmante disminución
de la productividad biológica en bahías, estuarios, marismas y zonas húmedas
litorales) y hacinamiento urbanístico, estandarización y segregación
residenciales; formación de núcleos de nueva planta o crecimientos en mancha de
aceite que interfieren trazados y fluidez viarias, encarecen equipamientos,
infraestructuras y servicios públicos, fomentan el individualismo y el
aislamiento, dificultan la integración social o los vínculos vecinales, y
olvidan el carácter excesivamente disperso y la necesidad de poblamiento
compacto rehabilitando viviendas antiguas o colmatando solares en tramas
preexistentes o inmediatas a los perímetros y corolas más respetuosas con el
paisaje o los valores agroecológicos; presión de accesos, tránsitos y estancias
motorizadas u ofertas recreativas y turisticas sobre los mismos bordes
litorales; dificultades de los desplazamientos horizontales al ocuparse
terrenos públicos y olvido de efectos barrera y pantalla en construcciones,
grandes ejes viarios, masivas e indiscriminadas repoblaciones forestales de
especies alóctonas... Situación que sólo ha contado con la ayuda ocasional de
los Tribunales –dentro de las dilaciones y retrasos en ejecutar sentencias
alimentando falsas expectativas de legalización e impunidad–, pendientes, por
otra parte, de la generosa dotación de la policia judicial o de mayores medios,
coberturas y amparo legislativo para las actuaciones de oficio de las fiscalías
de medio ambiente o del SEPRONA..
Lo cierto es que la defensa del
litoral a cargo del legislativo y ejecutivo de Cantabria –y de la mayoría de
gobiernos de los municipios costeros–, partiendo de leyes estatales, en
principio bien concebidas –Costas, Aguas, Espacios Naturales, Patrimonio, Red
Natura 2.000, directivas europeas...– no han hecho más que devaluarlo con
normas y leyes para construir en suelo rústico, con enredos parlamentarios y
desafíos legales para evitar demolición de urbanizaciones con sentencias
firmes, con la discrecionalidad y ambigüedad de los PSIR, con la exclusión del
POL de núcleos urbanos y espacios protegidos, y con el carácter decorativo de
la Ley de Conservación de la Naturaleza de 2006, donde no se ha respetado la
más elemental jerarquía normativa, se han congelado sus desarrollos
específicos, se ha bloqueado un marco integral de ordenación territorial (que
ya fracasara estrepitosamente con la Ley de O. del Territorio del 91 que nunca
se aplicó) y se ha culminado con el retraso de un PROT que sigue sin aprobarse.
Y todo ello ante la inhibición de las
Comisiones de Urbanismo en las transgresiones cometidas –aunque la tipificación
de delitos ecológicos, o contra el paisaje y la O. del Territorio del Código
Penal de 1995 han permitido algunas sentencias favorables a la protección
ambiental–, las torcidas interpretaciones de las Planes Urbanísticas con
modificaciones puntuales y arbitrarias lecturas del art. 44.2 para construir en
suelo rústico, o las muy laxas lecturas de la Ley del Suelo estatal y
autonómica.
La costa se ha rematado, además, con
la nefasta gestión de los Parques de Oyambre, Liencres, Santoña o Peña Cabarga,
con la descoordinación crónica de las Administraciones competentes –MAGRAMA,
Demarcación de Costas, Consejerías, Ayuntamientos–, con el retraso de la
Estrategia de Lucha Contra el Cambio Climático con un borrador poco ambicioso
en el retranqueo de infraestructuras e instalaciones en bordes costeros, con la
inexistencia de una fiscalidad verde para inversión urgente en descarbonización
y educación ambiental, con una financiación carente de precisión y compromiso
en calendarios y presupuestos para prevenir impactos del cambio climático,
subida del nivel del mar e intensidad de los temporales...–. y con la falta de
mayores márgenes en la franja marítimo-terrestre, en permutas de concesiones o
usos privados de terrenos públicos en marismas, dunas o bordes litorales, y en
deslindes y áreas de protección estricta, tal como contempla la Ley de Costas
en vez de apostar por soluciones duras destinadas al fracaso a medio y largo
plazo, como diques, espigones, dragados o reposiciones de arenas y playas
erosionadas con ejemplos como La Magdalena en Santander –y donde antiguas y más
recientes actuaciones como el propio Palacio de Festivales, el CEBO o el
intento de la senda costera han acabado de romper la profundidad, el carácter
diáfano y los abiertos horizontes de encuentro de la bahía con la ciudad–, el
Puntal de Laredo, las presiones urbanísticas en Berria. Noja, Isla, Ajo, Somo,
Loredo, Mogro Suances, Comillas, S. Vicente, o Tinamayor-, testimonios, entre
muchos otros, del desprecio a la naturalidad de paisajes y micropaisajes, y del
desconocimiento de las dinámicas litorales, los procesos de arrastre, sedimentación
y erosión, los flujos intermareales y fenómenos asociados a rellenos en los
perímetros de bahías, estuarios y marismas que son los causantes de los
impactos que nunca se corregirán con las cuantiosas inversiones destinadas a la
extrema artificialización de las áreas afectadas.
Y al margen, desde luego, de la
contrarreforma que la ha vaciado de contenido, favoreciendo la inseguridad
jurídica o peligrosos agravios comparativos y negativos precedentes para
actuaciones futuras aún más perjudiciales y lejos de cualquier propósito de
corrección de los impactos ambientales y sobre las singulares perspectivas
tradicionales con el retranqueo de infraestructuras de acogida –campings,
aparcamientos, paseos marítimos...–, regeneración de zonas húmedas litorales, neutralización
y depuración de vertidos industriales, aguas residuales o contaminación difusa,
prohibición de nuevos macropuertos deportivos o derribo de instalaciones y
edificaciones fuera de ordenación...
Por último, a pesar de algunas
sentencias firmes (que, ni mucho menos, deberían agotarse en la demolición del
número actual de viviendas, el desmantelamiento de la depuradora de la Vuelta
Ostrera, la anulación de las variantes de Oyambre y Comillas.... ), es
indudable que el urbanismo, la planificación territorial, la conservación del
paisaje y del patrimonio natural y cultural, la compatibilidad y equilibrio en
el aprovechamiento de sus recursos y la rentabilidad económica, social y
ambiental de sus transformaciones espaciales, la mejora de la calidad de vida
de los habitantes de la costa cántabra, una visión integral, coordinada e
interdisciplinar en programas e inversiones de mejora y restauración..., han
dejado mucho que desear. Con una lamentable y reiterada conclusión final que
sigue sin provocar ningún propósito de enmienda: la inédita y singular
aportación de Cantabria al Derecho Internacional y a la Justicia Universal al
consagrar la figura del delito sin delincuente –contra el
medio ambiente, contra la ordenación territorial, contra el paisaje y el patrimonio
...–.
Porque ¿será posible que ningún
promotor inmobiliario, intermediarios o propietarios de terrenos,
constructores, alcaldes, concejales, políticos de las distintas
Administraciones –estatal, autonómica, local...–, técnicos o funcionarios, hayan
sido implicados o juzgados y condenados por sus responsabilidades individuales
en tantas y contundentes sentencias como las que se han pronunciado en
Cantabria, incluyendo las tramas de prevaricaciones, sobornos, cohechos,
tráfico de influencias, uso de información privilegiada, recalificaciones y
maquinaciones para alterar el precio de las cosas...., que han acompañado, con
toda certeza, la serie de agresiones que han degradado la costa?. Cuando les
identifiquen póngalo en conocimiento del Juzgado de Guardia..
Emilio Carrera es miembro de
Ecologistas en Acción.
