El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 7,3 por ciento el año pasado, elevando la demanda de energía que se deriva principalmente de combustibles fósiles.
Según el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), la demanda energética en el país subió un 5,1 por ciento en el 2011.
Los combustibles fósiles, en su mayor parte importados debido a que las refinerías locales no logran satisfacer la demanda, son responsables por casi un 90 por ciento del consumo de energía en Argentina.
El valor de las importaciones de combustible aumentaron al doble el año pasado a 9.300 millones de dólares.
En un intento por elevar la producción de petróleo y gas para satisfacer la demanda local, el Gobierno argentino decidió el mes pasado expropiar la filial YPF de la española Repsol, generando temores internacionales de que Argentina ahuyente las inversiones.
Expertos y funcionarios del Gobierno han reconocido que las emisiones de gases de efecto invernadero están aumentando como resultado del creciente consumo de energía.
Argentina emitió alrededor de 167 millones de toneladas de dióxido de carbono en el 2009 con relación a su uso de energía, un aumento de más de un 20 por ciento comparado al 2000, según los datos más recientes de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.
"Obviamente, la política de un país tiene una cantidad de dimensiones y que la única no es el cambio climático. Hay que ver cuáles son las otras variables", sostuvo Castillo.
"La prioridad de este Gobierno está enfocada en reducir la pobreza y hacer una sociedad mas equitativa y esto no siempre va de la mano de reducir emisiones", declaró.
ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL
Castillo dijo que aunque el Gobierno no está desarrollando una ley nacional contra el cambio climático similar a las aprobadas en Brasil, Perú y México, un comité especial designado por el Gobierno delineó la primera fase de una política nacional de 14 puntos sobre el calentamiento global.
El comité está en proceso de redactar una segunda fase que abordará metas de reducción de emisiones sobre una base de sector por sector.
"Yo creo que seguramente en algunos sectores lograremos acordar algunas metas vinculadas a limitar el crecimiento de emisiones. No sé si vamos llegar a definir una meta absoluta para el país", manifestó.
Castillo agregó que pese a que las emisiones ligadas a la energía generaron un aumento en los niveles de CO2, una nueva ley forestal más restrictiva (aprobada en el 2009) podría compensar este aumento con una caída en la producción de contaminantes causada por la degradación de los bosques.
Algunos expertos afirman que la actual crisis energética de Argentina brinda una buena oportunidad para que el país reforme su política en este sector y se desplace hacia un posición menos intensiva en emisión de carbono.
María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) -un importante centro de investigación medioambiental-, dijo que el Gobierno debería concentrarse en qué clase de desarrollo quiere el país, no de qué capital está detrás de eso.
"Hay una situación de la matriz energética que es delicada. En el caso de YPF, debería ser un puntapié para una discusión más amplia sobre qué tipo de desarrollo se quiere, sobre la sustentabilidad energética", comentó Di Paola.
Agregó que la presidenta Cristina Fernández anunció previamente este año que el Gobierno debería lanzar un programa para impulsar proyectos de energía limpia, pero que eso nunca sucedió.
"En un momento de crisis energética, se podría pensar en opciones. Hay inversiones en biocombustibles, biodiésel, pero no hay un desarrollo avanzado en renovables", sostuvo Pablo Canziani, un investigador de clima de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
"Por el momento se están elevando las emisiones. Argentina creció mucho las emisiones porque frente a la crisis energética hubo incremento de plantas a gas y plantas a carbón", añadió.
El gas natural compone hasta un 53 por ciento de la mezcla energética de Argentina, seguida de petróleo (32 por ciento), recursos hídricos (11 por ciento), y una pequeña participación de energía nuclear y carbón, según BP Energy Review.
El consultor independiente Federico Moyano, ex administrador del corredor de carbono Ecosecurities en Argentina, dijo que ve una pérdida de importancia de los asuntos climáticos en el Gobierno argentino.
"Argentina fue pionero en aspectos institucionales de las bases climáticas, hicieron muchas cosas en términos institucionales, para desarrollar proyectos. Pero eso fue hasta cuatro o cinco años atrás. De ahí hasta ahora yo diría que el Gobierno no hizo nada, la promoción gubernamental fue nula", remarcó.
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