La 17ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP17), que reunió a unos 190 países en Durban, Sudáfrica, del 28 de noviembre al 10 de diciembre, llegó a su fin con un resultado tan desalentador como amenazante: compromisos extremadamente bajos, cuando no nulos, de reducción de emisiones contaminantes de los países industrializados.
En Durban se alcanzó un plan de varios puntos. Tres de los más destacados son: la ampliación del 2013 al 2017 del Protocolo de Kioto, único instrumento legalmente vinculante que obliga a los países desarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero; el impulso al Fondo Verde del Clima —para la adaptación y mitigación del cambio climático en los países más vulnerables—, y la llamada Plataforma de Durban para negociar y firmar un pacto lo antes posible, a más tardar en el 2015, para combatir el cambio climático (entraría en vigor en el 2020).
Los países desarrollados, responsables históricos de la crisis del clima, se las arreglaron para colocar algunas de sus pretensiones en los textos a negociar, intentaron por todos los medios dar muerte al Protocolo de Kioto, y presionaron a las economías emergentes, con China e India a la cabeza, para que acepten compromisos obligatorios que según el Protocolo de Kioto no les corresponden.
Fuera del Centro Internacional de Convenciones (ICC) de Durban, donde se realizaron las tratativas internacionales, campesinos, indígenas, trabajadores, agricultores sin tierra, pescadores, mujeres, ambientalistas, entre otros, renovaron sus demandas de justicia climática en diversas manifestaciones y actividades.
El 9 de diciembre, casi al término de las negociaciones, cientos de personas se manifestaron dentro del ICC, cuestionando duramente los mercados de carbono y en demanda de reducciones radicales de emisiones por parte de las naciones desarrolladas, entre otras cosas.
Cuestionada Plataforma de Durban
Organizaciones sociales presentes en Durban manifestaron que lo más preocupante es la Plataforma de Durban, impulsada por la Unión Europea y que básicamente estipula una nueva línea de negociación para un futuro nuevo acuerdo contra el cambio climático. Ese nuevo tratado incluiría reducciones de emisiones contaminantes, pero no necesariamente obligatorias, y abarcaría también a las economías emergentes.
“Con este nuevo desarrollo las acciones eficientes contra el cambio climático se demorarían de 5 a 10 años”, lamentó la federación ambientalista Amigos de la Tierra Internacional en un comunicado de prensa.
Si bien el contenido de un posible nuevo acuerdo tendría que ser negociado, muchos países desarrollados, con EEUU a la cabeza, presionan por un nuevo sistema, basado en “promesas” de reducción de emisiones y no en obligaciones como estipula el Protocolo de Kioto. EEUU, junto con Canadá, Rusia y Japón, encabeza la lista de los que más atentan contra ese instrumento legal, insuficiente pero necesario para frenar la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Canadá ya confirmó que se sale del Protocolo de Kioto.
Expertos científicos aseguran que de mantenerse la actual tendencia de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, el aumento de la temperatura global promedio podría superar los 4º Celsius en comparación con los niveles pre-industriales, y las consecuencias de ese calentamiento podrían alcanzar niveles catastróficos. Para ellos el incremento de la temperatura no debe superar los 2º.
Mientras los países ricos no han mostrado mayor disposición a otorgar el financiamiento necesario para la adaptación y la mitigación del cambio climático, EEUU, Reino Unido y Japón presionaron en Durban para que las corporaciones transnacionales y financieras accedan directamente al Fondo Verde para el Clima, creado en la COP16 de Cancún.
Numerosos movimientos y organizaciones sociales latinoamericanos llegaron hasta Durban para hacer oír sus demandas, en el marco de la lucha internacional por justicia climática. Si bien no dejan de tener una mirada global, los eventos extremos en América Latina y el Caribe, como las intensas lluvias, inundaciones y grandes sequías, y sus consecuentes impactos, les preocupan especialmente. La pérdida de cultivos en el medio rural, el desabastecimiento de alimentos, las afecciones sobre el ganado, el desplazamiento de comunidades locales, son nada más que algunas consecuencias del cambio climático que amenazan con agravarse.
El dirigente campesino mexicano Alberto Gómez, del movimiento social Vía Campesina internacional, dijo a Noticias Aliadas que “es prioritario participar en las COP para presentar las preocupaciones y soluciones de los trabajadores del campo”.
Gómez manifestó especial preocupación por la inclusión de la actividad agrícola en las negociaciones, para reducir y capturar gases de efecto invernadero, con presiones para habilitar mercados de carbono asociados a ella.
“La agricultura campesina es una alternativa siempre, es una solución real, y no debe estar arriba de la mesa para buscar cómo hacer más negocios”, dijo.
Reivindicó el “Acuerdo de los Pueblos”, surgido de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en abril del 2010 en Cochabamba, Bolivia. Ese acuerdo reclama a los países desarrollados que se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones para el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, y estipula que esas reducciones deben ser de al menos 50%, con 1990 como año de referencia.
El documento también señala que los países industrializados deben reconocer y honrar su deuda climática, que debe ser pagada con el recorte de emisiones contaminantes de forma drástica, el traspaso de fondos al Sur global para la mitigación y adaptación del cambio climático, y de tecnologías para un desarrollo limpio y sustentable.
Las mujeres, las más afectadas
Según varias organizaciones y movimientos feministas presentes en la COP de Durban, son las mujeres las que más sufren el cambio climático. Ellas son las encargadas de asegurar la subsistencia en sus comunidades y ese trabajo se dificulta ante los eventos climáticos extremos. No obstante, la lucha de las mujeres va más allá de lo que pasa en esas comunidades.
“Estamos acá como parte de un proceso global de resistencia al capitalismo, que es patriarcal y que hoy se está expandiendo cada vez más para la mercantilización de la naturaleza en todos los niveles”, dijo a Noticias Aliadas la activista brasileña Tica Moreno, de la Marcha Mundial de las Mujeres. “Es un momento para posicionar de nuevo al feminismo como parte de ese enfrentamiento global al capitalismo patriarcal”.
Son diversos los representantes de la sociedad civil latinoamericana que colocan el sistema capitalista neoliberal en el centro de las causas del cambio climático. La crisis climática, así como la alimentaria y financiera, responden a esta misma causa, de acuerdo a esta visión.
Los mecanismos de mercado hoy “se están apropiando del trabajo de las mujeres, del tiempo de las mujeres, como si fuese un recurso inagotable del sistema, de la misma forma que hace con la naturaleza”, consideró Moreno. “Nuestra idea aquí es justamente mostrar una perspectiva feminista sobre cómo la mercantilización de la vida está interconectada en todas las esferas, naturaleza, trabajo, machismo”.
Al igual que la Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres levanta la bandera de la agricultura campesina, de la agroecología y de la soberanía alimentaria, como soluciones reales al cambio climático.
Según Moreno, “la justicia climática tiene una dimensión de igualdad muy fuerte. Significa que las mujeres deben tener autonomía sobre sus cuerpos, sus vidas, sus trabajos, tienen que tener una vida libre de violencia. En resumen, la justicia climática es posible si hay relaciones igualitarias entre hombres y mujeres en todos los espacios de la vida".
MÁS
Para ver más
