El cambio climático (CC) amenaza la vida en el planeta, en particular, a los grupos más pobres y que tienen menor capacidad de respuesta frente a sus efectos. En los Andes tropicales, en las últimas décadas, la temperatura se ha elevado en 0.33°C por década. En el Perú, los sectores de energía, agricultura y pesca son sensibles a las variaciones del clima. Energía aporta un 2% del PBI (es insumo base del 14% del PBI de manufacturas), y el sector agropecuario y el de pesca aportan el 7.5% del PBI. El 31.6% (8.1 millones de habitantes) de la población vivía, en 2006, de la actividad agropecuaria, y el 31.2 % (2.8 millones de personas) de la PEA ocupada se empleaba en agricultura.
En 2010, investigadores del Cepes propusieron políticas para enfrentar el cambio climático [1]. A continuación sintetizamos este documento, buscando influir en el trabajo de las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, quienes, a diferencia del gobierno anterior, han expresado su sensibilidad frente al problema y harán, en palabras del premier Salomón Lerner, «imperativo el empleo del enfoque de cambio climático en todos los procesos de planificación del desarrollo».
El punto inicial es priorizar una política proactiva de adaptación frente al CC, sustentada en: a) mejorar las capacidades de monitoreo y predicción climática nacional, repotenciando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) con unidades de investigación financiadas y equipadas, con más y mejores estaciones meteorológicas y con un sistema de mantenimiento y monitoreo de todas las estaciones; b) perfeccionar el análisis de las vulnerabilidades del país, la identificación de riesgos y la planificación para emergencias; c) fortalecer la coordinación entre la prevención de, y respuestas a, los desastres (Indeci), y las medidas de adaptación al CC; y d) incorporar el CC en la planificación e implementación de las políticas nacionales y subnacionales.
El documento plantea cuatro objetivos específicos de política a 2016:
1) contar con información adecuada sobre el CC y su impacto en el país;
2) tener fuentes de energía resilientes a la variabilidad hidroclimática;
3) reducir la vulnerabilidad de la población; y
4) incrementar la resiliencia del aparato productivo. Los lineamientos para el primer objetivo son: i) mejora cualitativa y cuantitativa de los sistemas y servicios de generación, manejo y análisis de información meteorológica e hidrológica; y ii) generación de un sistema centralizado de información y monitoreo sobre el CC.
Una provisión de energía resiliente a la variabilidad hidroclimática requiere trabajar en:
i) generación de energía hidroeléctrica en un contexto de variabilidad hidroclimática; y
ii) diversificación de la provisión y consumo de energía.
Lograr el objetivo 3 requiere:
i) limitar la exposición (grado en que los eventos climáticos y sus secuelas en otros sistemas naturales afectan a la población) en zonas de riesgo de vida humana;
ii) disminuir la sensibilidad (grado en que resulta afectada) de la salud de la población en zonas de eventos extremos; y
iii) promover la capacidad adaptativa de la población y sus organizaciones.
Un aparato productivo resiliente requiere trabajar en:
i) construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de riego;
ii) adaptación del sistema de carreteras, caminos y puertos mediante obras de protección y reforzamiento de infraestructura; y
iii) adaptación de los sistemas productivos.
El CC se suma a un conjunto de procesos —e.g., pobreza, degradación de suelos— que afectan a los sectores más pobres y excluidos y que disminuyen las capacidades de los pobres para adaptarse a los efectos del CC. Estas poblaciones están ubicadas en las regiones menos desarrolladas del país, por lo que políticas integrales de desarrollo que incluyan la adaptación y resiliencia frente al cambio climático serán las más eficientes hacia un desarrollo sostenible.
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