Desastres: No estamos haciendo la tarea

Serios retrasos en materia de prevención y problemas de planificación.El Informe de Desarrollo Humano 2007/2008 “La lucha contra el cambio climático: solidaridad frente a un mundo dividido” (PNUD) alertaba hace casi cinco años: “Quienes redactaron la Declaración Universal de los DDHH volvieron la mirada hacia una tragedia humana del pasado, la Segunda Guerra Mundial. El cambio climático es diferente, es una tragedia humana en ciernes. Permitir que esa tragedia siga su curso sería un error político digno de ser catalogado como ultraje a la conciencia de la humanidad”.
Este informe como otros antes y después pusieron sobre la mesa el caso peruano, tomando en consideración que, según el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, el Perú es el tercer país más afectado por el calentamiento global. Las sugerencias mundiales recogidas en políticas nacionales nos colocan ante el imperativo de implementar dos grandes tareas, la mitigación y la adecuación; la primera para evitar un “cambio climático peligroso” que destruya nuestro potencial humano y productivo y nos genere más desigualdad y pobreza, y la segunda para evitar una mayor exposición al riesgo y construir una capacidad de resistencia y recuperación. El 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que la economía nacional podría perder aproximadamente 10.000 millones de dólares hasta el año 2025 si no se aplacan los efectos del cambio climático.
Los recientes desastres ocurridos en Iquitos y los distritos del este de Lima (Chaclacayo y Chosica), y en Huarochirí.

En mayo del 2011 fue aprobado un nuevo marco legal en este campo. La Ley 29664 creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y un complejo entramado institucional, estableciendo que la Presidencia del Consejo de Ministros es el ente rector en la materia y que el Sistema está integrado por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), entre otros. Varias instituciones alertaron en ese momento sobre la pérdida del peso institucional del INDECI y la fragmentación de la capacidad planificadora del Estado.
A pesar de las versiones oficiales, lo cierto es que el nuevo esquema no ha terminado por ensamblarse. Hace semanas, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales (Remurpe) sostuvo que el MEF incumple la ley que dispone que los gobiernos locales tienen el rol de ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres.

No obstante, inexplicablemente, los pocos recursos no se invierten. El 2011, el Estado en su conjunto ejecutó solo el 60% del presupuesto de Prevención de Desastres, cifrado en S/.290 millones. Las regiones invirtieron el 70% y los municipios el 51% de lo presupuestado y el gobierno central solo el 67% de los 9 millones que tuvo a su disposición. El caso más clamoroso es el de Áncash: la región recibió S/. 102 millones y solo invirtió el 56%.
No obstante, las pérdidas siguen. Según el resumen de daños a nivel nacional, actualizado al 5 de marzo, las precipitaciones pluviales habían dejado 32 fallecidos, cinco desaparecidos, 390 heridos, 40 mil damnificados y 198 mil afectados, 5.100 viviendas colapsadas, así como 3.247 kilómetros de carreteras entre destruidas y afectadas.
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