El gobierno de Perú descartó ayer una decisión inmediata sobre un resistido proyecto minero y alivió así las tensiones que genera, tras un informe técnico y un fallo judicial favorable.
El primer ministro Óscar Valdés calificó como técnico, imparcial y transparente el peritaje del estudio de impacto ambiental del proyecto aurífero Conga, al recibirlo de los consultores Rafael Fernández y Luis López, de España, y José Martins Carvalho, de Portugal.
Dijo que el gobierno no ha tomado ninguna decisión y que el informe será analizado por los Ministerios del Ambiente, Energía y Minas y Agricultura, que harán recomendaciones al presidente Ollanta Humala para que tome una decisión sobre Conga “en un tiempo prudencial”.
Además será presentado a las organizaciones de Cajamarca y servirá para hacer las correcciones al proyecto que hicieran falta, y aseguró que el gobierno quiere solucionar los problemas con decisiones integrales.
Los especialistas declinaron afirmar que el informe declara viable al proyecto, de capitales mayoritariamente norteamericanos y rechazado por organizaciones sociales de Cajamarca, que apuntan a afectaciones de las fuentes vitales de agua.
Señalaron que se trata de un aporte para la viabilidad de Conga, lo que requiere de mejoras sustanciales del estudio de impacto ambiental que sustenta el proyecto.El anuncio fue saludado como una victoria de Cajamarca por el presidente regional (gobernador), Gregorio Santos, por considerar que ha quedado demostrado que las inversiones deben ser materia de consulta social.
Santos consideró que el anuncio gubernamental equivale a la apertura de un debate en el que, afirmó, debe tenerse en cuenta un peritaje encargado de su administración y otros elementos de juicio.
Informó igualmente haber llegado a acuerdos de distensión con las fuerzas policiales llegadas desde Lima hace más de una semana para controlar la situación, que se tensó en los últimos días con manifestaciones contra el proyecto, ante la inminencia de la publicación del informe de los peritos.
Entretanto, el Tribunal Constitucional dictaminó, en forma inapelable, que es inconstitucional una ordenanza del gobierno regional de Cajamarca que declaró inviable la actividad minera en cabeceras de cuenca, como Conga.
El fallo señala que la administración regional excedió sus atribuciones al dictar medidas que corresponden al Ejecutivo nacional, como la actividad minera y el cuidado de las cuencas hídricas.
Según versión oficial, el proyecto demandará una inversión de cuatro mil 600 millones de dólares, y el gobierno le dio luz verde en noviembre pasado, pero quedó congelado ante grandes protestas regionales.
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