Las decisiones que allí se tomen cobran más importancia que nunca, ya que no hay más aplazamientos posibles. Como en otras ocasiones, en esta cumbre se juega la credibilidad del proceso, tras años convulsos en los que del fracaso anticipado de Copenhague'09 se pasó a lentos progresos en Cancún'10, y a un acuerdo en los minutos finales de Durban'11 que abrieron la esperanza al logro de objetivos sólidos para 2020.
La primera es una mayor implicación del sector empresarial en el proceso; la segunda, menos positiva, es el incremento de la brecha entre las necesidades de financiación y el presupuesto dispuesto a tal efecto.
Desde la anterior conferencia en Durban se observa una creciente participación del sector privado.
De hecho, en Río+20 del pasado junio se significó por su éxito a nivel empresarial y sus propuestas en esta materia fueron incluso más allá que las de los Gobiernos.
También resulta más que simbólico que la cumbre se celebre en una región que ha construido su progreso económico sobre el comercio de combustibles fósiles y con las economías dependientes en graves dificultades.
En realidad, Oriente Medio también ha emprendido el camino de las energías renovables como indica el impulso de los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo potenciando, incluso, la diversificación energética y la reducción del consumo interno de combustibles, liberando, así, producción para su exportación.
En Doha no debemos esperar una representación empresarial tan destacada como en anteriores cumbres pero el sector privado debería seguir con atención las decisiones sobre los Mecanismos de Desarrollo Limpio, las oportunidades dentro del Fondo Verde para el Clima y la extensión del Protocolo de Kioto. Por otro lado, la carga que supone financiar la lucha contra el cambio climático es cada vez más pesada. A los 100.000 millones de dólares anuales que se calcula serán necesarios a partir de 2020 a nivel global para esta partida hay que añadir dificultades como la obtención de esta financiación, la falta de objetivos claros en el horizonte o cómo contar con un modelo de gestión definido. Además, según una investigación de Oxford Economics para E&Y, 6 de 10 economías clave (Alemania, Italia, Japón, Australia, Corea y España) proyectaron un descenso del presupuesto contra el cambio climático entre 2010 y 2011.
Francia presenta cambios mínimos para esta partida, y EE UU, Reino Unido y Sudáfrica, ligeros incrementos. Variaciones que representarán un impacto importante en cinco años. España es el país que más incrementa su brecha presupuestaria.
Con una partida de entre 4.000 y 5.000 millones en 2016 -según el escenario considerado-, estaría entre un 0,73% y un 1,13% por debajo del presupuesto. Este gap hace que muchas empresas sufran las consecuencias de la restricción de recursos y las de fenómenos medioambientales extremos que podrían condicionar operaciones.
Riesgos que son también económicos y que deben prevenirse y evitarse. En esto las empresas pueden tener un papel fundamental y su primer rol debería ser ayudar a las instituciones a que el acuerdo en Doha sea posible. Así lo ha hecho la industria británica con su Gobierno para desarrollar el Green Investment Bank, iniciativa que ayudará en la financiación de una economía baja en carbono, tanto mediante mitigación como mediante adaptación.
Hay otros ejemplos, como la firma por parte de 39 bancos, aseguradoras o fondos de inversión de la Natural Capital Declaration, para reflejar su actividad en sostenibilidad y transmitir responsabilidad y transparencia; o la iniciativa lanzada por Ban Ki-Moon en 2011 para el compromiso por parte del sector privado de más de 50.000 millones de dólares para cumplir los objetivos de la Energía Sostenible para Todos (SE4AII). O el anuncio del Foro Consumer Goods Food de EE UU, de 400 distribuidores y fabricantes para lograr la deforestación neta cero en 2020, con cadenas de suministro sostenibles.
En España también es necesario un gran acuerdo público-privado en materia de sostenibilidad que nos deje fuera de este particular ranking negativo.
Y ello a pesar de que hay ejemplos de compañías reconocidas globalmente por sus prácticas pioneras o por su posición en los índices globales de sostenibilidad.
Es preciso trabajar en una dirección conjunta que evite que, si no cubrimos el gap de inversión, tengamos que invertir con posterioridad hasta 10 veces más para afrontar las consecuencias de no prevenir.
Ello nos abrirá más posibilidades en sectores de la economía verde que reduzcan nuestra independencia energética, nos ayuden a generar más valor a nuestra economía y a generar empleo.
Ya contamos con entre 400.000 y 500.000 empleos verdes, un 2,2% del total, en una actividad que genera el 2,4% de nuestro PIB, según datos de Sustainlabour, con la asistencia de la OIT. Y más de 1 millón de nuevos empleos verdes podrían crearse de aquí a 2020.
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