PÉRDIDAS ASOCIADAS A DESASTRES EN ARGENTINA ENTRE 1970 AL 2009

PÉRDIDAS ASOCIADAS A DESASTRES EN ARGENTINA ENTRE 1970 AL 2009

(En número de personas y de hogares)

Muertos: 3.377
Heridos: 22.470
Desaparecidos: 810
Hogares destruidos: 53.973
Hogares dañados: 141.381 

Fuente: Fuente: Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres 2011- EIRD

El aumento del nivel de vulnerabilidad a los riesgos de desastres en la región está impulsado por factores como el cambio climático, la pobreza, la mala ordenación del territorio, la rápida urbanización y la degradación del medio ambiente con su secuela de pérdida de biodiversidad.

El cambio climático está dando lugar a nuevos patrones en términos de intensidad y frecuencia de las amenazas relacionadas con el clima y otros peligros físicos que ponen en riesgo vidas, bienes, empleo y medios de vida.

La gravedad de los impactos de eventos naturales futuros dependerá en gran medida de la habilidad de los países de la región para reducir su vulnerabilidad y reforzar las capacidades de gestión del riesgo, que a su vez está asociada a la gestión de recursos ambientales y naturales, el desarrollo económico y social, el ordenamiento territorial y urbano y la gobernanza, según recomienda la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas.

Para reducir la vulnerabilidad se requiere de instrumentos para la prevención como el ordenamiento del territorio, los sistemas de alerta temprana, el mantenimiento de la cobertura vegetal, una mejor institucionalidad local y la construcción de infraestructura apropiada. De este modo se realza la necesidad de utilizar enfoques integrados de análisis y de gestión. Debe destacarse en este contexto, la incorporación de la reducción del riesgo de desastres en los sistemas de inversión pública.

Se ha reportado que el 80% de las pérdidas de desastres en América Latina ocurren en áreas urbanas. Así pues, la integración de la reducción del riesgo de desastres en las decisiones de inversión pública y en las agendas de desarrollo urbano es clave para reducir los riesgos y costos de vidas y activos asociados a los desastres de origen meteorológico.

Las medidas correctivas como la retroadaptación (retrofitting) o la relocalización son más onerosas pero pueden reducir la mortalidad un 40%. La protección social es otro mecanismo innovador para preservar los activos de la comunidad y de los hogares antes, durante y después de una crisis.

El Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, “Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, endosado por todos los gobiernos de la región”, es el primer acuerdo internacional que esboza el trabajo requerido de los distintos actores y sectores para reducir las pérdidas de los desastres. Busca fortalecer el manejo de riesgos y los marcos institucionales y legales así como los mecanismos que los sustentan (EIRD).

Desde este Marco de Acción, se ha planteado además, la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno (nacional, subnacional y municipal) en la implementación de acciones encaminadas a la reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Se ha enfatizado también la necesidad de reforzar, desde el enfoque del desarrollo sostenible, una mirada integral sobre la gestión del desarrollo, la biodiversidad, los ecosistemas frágiles y los procesos de degradación ambiental y de gestión del recurso hídrico con miras a reducir la vulnerabilidad ante los distintos tipos de amenazas.

CONCLUSIÓN

Se requiere generar o mejorar los mecanismos institucionales que garanticen la participación en los procesos de toma de decisiones de las poblaciones directamente afectadas por cuestiones ambientales y sociales.

Se deben mejorar o establecer marcos legales nacionales claros y procedimientos para acceder a la información ambiental, con los mecanismos de fiscalización y los procedimientos necesarios para brindar acceso a los grupos en situación de desventaja y a aquellos que tradicionalmente tienen baja representación política, como las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas.
Fuente