Bruselas, 22 mar Varias plataformas de ONG denunciaron hoy en Bruselas que el tratado de libre comercio (TLC) negociado por la UE con Colombia y Perú y el acuerdo de asociación firmado con Centroamérica no cumplen con las expectativas de protección ambiental y de los derechos humanos.
Las plataformas de organizaciones de la sociedad civil como ALOP, CIFCA, Grupo Sur y Oidhac han organizado junto a miembros del Parlamento Europeo una conferencia sobre los recursos naturales de América Latina y los acuerdos comerciales que están pendientes de entrar en vigor en la región.
Durante el debate, expertos latinoamericanos analizaron las consecuencias sociales y ambientales de estos acuerdos, como la expansión de actividades extractivas y de los agrocombustibles, así como su impacto en el acceso de las poblaciones locales al agua, explicaron las organizaciones en un comunicado.La coordinadora del área de minería de la asociación CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia, Tatiana Rodríguez, señaló que las actividades extractivas que se incrementarán con la implementación de estos acuerdos "crearán muy poco empleo y requerirán grandes extensiones de terreno".
Por lo que respecta a la expansión de las plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar para producir biocombustibles, el portavoz de la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala, Alberto Alonso-Fradejas, manifestó que la "fiebre del oro verde" ha causado en diez años la destrucción de un 29 % de las tierras dedicadas al cultivo de alimentos y otro 20 % de selva tropical en su país.
Tanto el acuerdo de asociación con Centroamérica como el TLC con Colombia y Perú que ha negociado la UE contienen cláusulas de garantía de protección de los derechos humanos y medioambientales.En cambio, en opinión de Alonso-Fradejas, "carecen de mecanismos explícitos que permitan monitorear, denunciar o hacer frente a las graves problemáticas" derivadas de la expansión de esas plantaciones.
Las organizaciones expresaron su preocupación por que, en su opinión, estos acuerdos no aseguran un acceso al "agua limpia y sostenible para todos como derecho fundamental", sino que consideran ese recurso como un "bien económico".Por su parte, la eurodiputada liberal Catherine Bearder apuntó que estudios de impacto impulsados por la Comisión Europea advierten de riesgos medioambientales en esas regiones con la implementación de los acuerdos.
Para el eurodiputado de Izquierda Unitaria Europea Jürgen Klute, el Parlamento Europeo, que votará en septiembre previsiblemente la aprobación o no de esos tratados, "debe escuchar las voces que dicen 'no' a estos acuerdos y prestar atención a sus recomendaciones".
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